Cómo se pide la curatela en 2026: quién puede, qué documentos, qué cuesta y qué pasa si alguien se opone

Pedir apoyos para un familiar no es poner una demanda. Es abrir un expediente de jurisdicción voluntaria, y eso cambia tres cosas de golpe: no paga tasa, no exige intentar un acuerdo antes y no empieza con una posición contra nadie.

Lo que sí exige es algo que no depende del juzgado ni de un abogado: un dictamen pericial de los ámbitos social y sanitario. Es lo que más tarda en conseguirse, y lo que más expedientes frena.

Antes de empezar: comprobar que hace falta

Merece la pena descartar dos escenarios antes de redactar nada.

Si la persona firmó algo ante notario, eso manda: el artículo 249 reserva las medidas judiciales al «defecto o insuficiencia de la voluntad» de la persona. Y si ya hay alguien ocupándose y funciona, el artículo 255 impide al juez adoptar medidas mientras esa guarda de hecho suponga apoyo suficiente. En el muestreo de la Fiscalía sobre revisiones de 2024, más de la mitad terminaron en archivo por eso. Los dos caminos están en la guía de la guarda de hecho y en la de la autocuratela y los poderes preventivos.

Quién puede pedirlo

La lista del artículo 42 bis a).3 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria es cerrada:

• la propia persona con discapacidad;
• su cónyuge no separado de hecho o legalmente, o quien esté en una situación de hecho asimilable;
• sus descendientes;
• sus ascendientes;
• sus hermanos;
• el Ministerio Fiscal, que debe promoverlo si no lo hacen los anteriores, salvo que concluya que hay otras vías por las que la persona puede obtener el apoyo que precisa.

Un sobrino, una cuñada, un amigo o un vecino no están legitimados. Lo que sí pueden hacer —y la ley lo dice expresamente— es poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, que entonces inicia el expediente. Y para las autoridades y funcionarios que lo conozcan por razón de su cargo, no es una opción: es un deber.

Dónde se presenta

En el juzgado de primera instancia del lugar donde reside la persona con discapacidad, no donde vive quien lo pide. Si antes de la comparecencia cambia de residencia habitual, las actuaciones se remiten al juzgado que corresponda en el estado en que se hallen.

El dato tiene una consecuencia útil: como la ley aplicable a las medidas de apoyo es la de la residencia habitual, el foro y la ley coinciden. El juzgado de la residencia aplica el derecho civil de esa residencia.

Qué cuesta

Concepto	Importe
Tasa judicial	0 € — las personas físicas están exentas «en todo caso»
Abogado y procurador para promover el expediente	No exigidos por la ley
Abogado y procurador desde que hay oposición o para recursos	Obligatorios
Dictamen pericial social y sanitario	Variable, a cargo de quien lo promueve
Intento de acuerdo previo	No exigido: materia excluida

La exención de tasa está en el artículo 4.2.a de la Ley 10/2012. Y la exclusión del acuerdo previo, en el artículo 5.2 de la Ley Orgánica 1/2025, que desde el 3 de abril de 2025 obliga a intentar una negociación antes de demandar en materia civil pero deja fuera, entre otras, «la adopción de medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad». Es una diferencia con el divorcio contencioso, donde sí hay que acreditarlo o la demanda se inadmite.

Sobre la postulación, el artículo 3.2 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria es claro: no hacen falta abogado y procurador donde la ley no los exija, pero sí «a partir del momento en que se formulase oposición» y para los recursos.

Cómo va el expediente, paso a paso

1. Solicitud con los documentos que acrediten la necesidad y el dictamen pericial de profesionales especializados de los ámbitos social y sanitario.
2. Admisión por el letrado de la Administración de Justicia, que convoca a la comparecencia al Ministerio Fiscal, a la persona con discapacidad y, en su caso, a su cónyuge o pareja, descendientes, ascendientes y hermanos. Recaba además certificación del Registro Civil sobre las medidas de apoyo inscritas.
3. Prueba: los interesados pueden proponer diligencias en cinco días desde la citación. El juez puede recabar antes informe de la entidad pública del territorio o de una entidad del tercer sector habilitada, sobre las alternativas de apoyo y sobre la posibilidad de prestarlo sin medida judicial.
4. Comparecencia, que incluye una entrevista entre el juez y la persona, a quien informa de las alternativas existentes: el entorno social o comunitario, o las medidas voluntarias.
5. Salida temprana: si tras esa información la persona opta por una medida alternativa, se pone fin al expediente. No es un fracaso: es el resultado que la ley prefiere.
6. Auto con las medidas que procedan, su plazo de revisión y su forma.

El letrado de la Administración de Justicia tiene además un deber explícito: realizar las adaptaciones y ajustes necesarios para que la persona comprenda el objeto, la finalidad y los trámites del expediente.

Qué pasa si alguien se opone

La oposición de la persona con discapacidad a cualquier tipo de apoyo, la del Ministerio Fiscal o la de cualquier interesado pone fin al expediente. Entonces el asunto va al juicio verbal especial de los artículos 756 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que añade pruebas preceptivas: el tribunal se entrevista con la persona, da audiencia al cónyuge y a los parientes más próximos, y no puede decidir sin previo dictamen pericial acordado por él, con profesionales de los ámbitos social y sanitario. Si la sentencia se apela, esas pruebas se repiten de oficio en segunda instancia.

Dos precisiones que ahorran disgustos:

• Discrepar sobre quién debe ser el curador no es oposición. El artículo 42 bis b).5 lo dice expresamente. La familia puede estar de acuerdo en que hace falta apoyo y discutir el nombre sin que el expediente descarrile.
• Que la persona se oponga no significa que no se acuerden medidas. En la sentencia 589/2021, de 8 de septiembre (ECLI:ES:TS:2021:3276), el Tribunal Supremo razonó que el verbo «atender» del artículo 268 obliga a recabar y tener en cuenta la voluntad, «pero no determina que haya que seguir siempre el dictado» de lo manifestado. En aquel caso, con una oposición expresa y terminante, mantuvo medidas asistenciales porque el propio trastorno impedía a la persona ser consciente de su necesidad.

Mientras se cambia de vía, el juez puede adoptar medidas provisionales sobre la persona o su patrimonio, que duran treinta días como máximo si antes no se presenta la demanda.

Qué tiene que decir el auto

Y aquí está el apartado que decide la calidad del resultado. El artículo 269 exige que los actos en que el curador deba prestar apoyo se fijen de manera precisa, indicando cuáles son aquellos en que debe ejercer la representación. Un escrito que pide «la curatela» sin decir para qué obliga al juzgado a construir el alcance desde cero, que es justo lo que la reforma quiso evitar.

Por eso los dos apartados que más pesan en la solicitud no los puede escribir un modelo: en qué ámbitos concretos necesita apoyo la persona y qué ha manifestado ella, aunque no coincida con lo que se pide.

Si se propone a alguien como curador, conviene comprobar antes que no incurre en las causas del artículo 275: no puede serlo quien la persona haya excluido, quien esté privado de la patria potestad o de derechos de guarda, ni quien haya sido removido de una tutela o curatela anterior. Y el juez no nombrará, salvo circunstancias excepcionales motivadas, a quien tenga conflicto de intereses o haya sido condenado por un delito que haga suponer que no desempeñará bien el cargo.

A quién nombra el juez si no proponéis a nadie

El artículo 276 fija un orden de siete puestos, que solo entra en juego a falta de propuesta de la propia persona o de quien ella hubiera delegado:

Orden	A quién
1.º	Al cónyuge, o a quien esté en situación de hecho asimilable, siempre que conviva
2.º	Al hijo o descendiente; si son varios, se prefiere al que conviva
3.º	Al progenitor o, en su defecto, ascendiente; si son varios, al que conviva
4.º	A quien el cónyuge, la pareja o los progenitores hubieran dispuesto en testamento o documento público
5.º	A quien estuviera actuando como guardador de hecho
6.º	Al hermano, pariente o allegado que conviva
7.º	A una persona jurídica sin ánimo de lucro cuyo fin sea la promoción de la autonomía

La convivencia aparece en tres de los siete peldaños: no es un detalle de redacción, es el criterio que la ley usa para ordenar. Y el juez puede alterar el orden tras oír a la persona; cuando su voluntad no resulte clara, puede nombrar a quien sea más idóneo «para comprender e interpretar su voluntad, deseos y preferencias».

Se puede nombrar a más de un curador si la voluntad y las necesidades de la persona lo justifican, y separar como cargos distintos el de curador de la persona y el de curador de los bienes (art. 277). En ese caso el juez fija el modo de funcionamiento.

Sobre la retribución, el artículo 281 reconoce el derecho a percibirla «siempre que el patrimonio de la persona con discapacidad lo permita», y es el juez quien fija el importe y el modo de percibirlo atendiendo al trabajo a realizar y al valor y la rentabilidad de los bienes. No existe tarifa ni porcentaje.

Lo que esta guía no da

No damos plazos de tramitación. No existe una estadística oficial publicada de la duración de estos expedientes por juzgado, y la propia Fiscalía señala en su Memoria que las aplicaciones informáticas no permiten extraer ese detalle. Cualquier «tarda entre X y Y meses» que se lea por ahí es experiencia de despacho, no un dato.

Tampoco damos el coste del dictamen pericial, que es libre.

Si lo que tenéis es una resolución antigua, el procedimiento es otro y más corto: la revisión de las medidas anteriores a 2021. Y el resto del camino, con lo que puede y no puede hacer quien acaba nombrado, está en la guía de la curatela y en las guías de familia y rupturas.